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Historia del Cine Dominicano 
 

El desarrollo fílmico-industrial

Con la inauguración en 1952 de La Voz Dominicana, la primera planta televisora en República Dominicana, se empezó una significativa actividad televisiva, que unida con la euforia del régimen trujillista por expandir sus mecanismos ideológicos a través de todos los medios de propaganda posibles, hizo anunciar en agosto de 1955 la creación  de la industria cinematográfica dominicana para el desarrollo del cine dominicano, cuyo primer proyecto sería la filmación de “La reina del merengue” a un costo de 150,000 pesos.

Esto se convertiría en la primera aproximación por adocenar todos los conatos realizados anteriormente por cineastas y documentalistas dominicanos que habían tomado la producción fílmica como un objetivo esencial, aunque no dirigido hacia la creación de una industria fortalecida por leyes e iniciativas.

Pero el pomposo anuncio de 1955 no fue más que una febril intención del Estado en la creación de una estructura propagandística para utilizarla en sus propósitos de imposición de posturas políticas, que quedó en un truncado impulso.

Sin embargo, a pesar de este conato no desarrollado, las producciones cinematográficas siguieron multiplicándose tanto en cine como en televisión donde el material de soporte más usado hasta finales de la década del setenta era el celuloide gracias a la existencia de varios laboratorios de revelado como el de Eduardo Palmer, Fílmica La Trinitaria de Hugo Mateo, Cinevisión de Francisco Dahuajre y el de la televisora Radio Televisión Dominicana, pero que ya no funcionan como para esos fines.

Esta utilización sostenida del material audiovisual produjo en 1975 otra iniciativa que adquirió importancia a través del Comité Pro Instituto Nacional de Estudios Cinematográficos (CINEC), fundado en 1973, y que aglutinaba a un conjunto de profesionales que buscaba la manera de impulsar un proyecto para establecer el mecanismo institucional hacia el desarrollo de la  industria del audiovisual en República Dominicana. Entre estos profesionales se encontraban Jimmy Sierra, Agliberto Meléndez, René Fortunato, Rafael Portorreal, Raúl Molina, Ricardo Beca, Gilberto Ramírez, Horacio Almánzar y Humberto Frías.

Con las mejores intenciones los miembros del CINEC y el Instituto Dominicano de Cine y Televisión redactaron un anteproyecto de ley para la creación del Instituto Nacional de Cinematografía y Televisión (INCIT), sometido ante el Congreso Nacional.

En materia de la aplicación de esta Ley, sería responsabilidad del Instituto Nacional de Ciencias Cinematográficas y Televisión, entre otras, de constituir la Comisión Nacional para la Cinematografía que tendría deberes de estudio y de consulta sobre los problemas del sector.

A pesar de estos impulsos todavía en los años noventa se manifestaba una falta de mecanismos de incentivos reales para movilizar el cine dominicano en materia de leyes. Por esta razón una propuesta hecha por los cineastas Agliberto Meléndez, René Fortunato y Alfonso Rodríguez procuró mostrar al Estado Dominicano su deber de apoyar las producciones locales cuando sometieron una reforma de las tarifas de las salas de cine del Distrito Nacional, para estimular a los realizadores nacionales.

De esta manera la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional, en la sesión ordinaria celebrada el 13 de marzo de 1991, impartió su aprobación al informe de esa misma fecha, suscrito por la Comisión de Impuestos y Rentas Municipales del Cabildo, para que emitiera la Resolución que recomendaban los cineastas y  que especificaba que cuando una sala de cine exhibía una película dominicana, documental o de ficción, en 35mm o en video, el monto total de los impuestos municipales obtenidos en dicha sala, tenía que ser entregado a los productores nacionales de la película exhibida con el propósito de estimular la producción nacional de cine y contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural dominicana a través de esta actividad.

Así la Presidencia del Ayuntamiento, por oficio No. 226 del 17 de marzo del 1991, sugirió al Síndico del Distrito Nacional la remisión del expediente a la Consultoría Jurídica del cabildo a fines de elaborar la Resolución, que fue remitida a los departamentos correspondientes.

Unido a esta resolución capitular se encuentra la Ley 252 promulgada en el gobierno de Héctor García Godoy que exonera del pago del impuesto del 7% establecido en el artículo 1 de la Ley No. 1616, del 14 de febrero de 1948, beneficiando conjuntamente al espectáculo teatral y a la proyección de una producción cinematográfica si ambas están  acompañadas en el mismo lugar de la presentación.

Hoy estos incentivos son los únicos instrumentos legales con que cuentan los cineastas dominicanos para solucionar las muchas dificultades al momento de obtener beneficios en la exhibición de sus películas y desarrollar definitivamente el cine dominicano.

Más adelante, dentro de los debates y sugerencias para solucionar estas faltas institucionales, surgieron dentro del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana con su presidente el doctor Leonel Fernández Reyna (1996-2000), dos propuestas que significaron intentos muy próximos en la meta para impulsar el desarrollo del medio audiovisual en el país.

Por un lado, y a raíz de la creación del Consejo Presidencial de Cultura en 1996, este organismo gubernamental propuso el establecimiento de un mecanismo estructural denominado Centro Coordinador de Cine, Video y Televisión. Y por el otro lado, el documentalista René Fortunato propuso ante la Subcomisión de Cultura del Diálogo Nacional, y aprobada por unanimidad por la sesión plenaria de dicha Subcomisión, la creación del Instituto Nacional de la Imagen en Movimiento (Cine, Video, TV y Nuevas Tecnologías)

República Dominicana, aislada de estos programas, da pasos tímidos para lograr una real compenetración con las ayudas dentro del hemisferio. Una voluntad, que quiso acercarnos a estas experiencias latinoamericanas, se dio en 2002 con la creación de la Comisión Nacional de Cine, a través del decreto número 934-02, que designó al cineasta Juan Basanta Ortiz como el director ejecutivo, con la finalidad de elaborar un proyecto de Ley para crear el marco legal de la Industria Cinematográfica en el país.

El poco entusiasmo y el marasmo de intereses políticos dejaron varado este intento estatal de dotar a la República Dominicana de una plataforma legal para  poder realmente trazar objetivos claros en el mercado de inversión cinematográfica. De esta manera la Comisión Nacional de Cine se quedó en un limbo que más tarde sería rescatado con mejor suerte a partir del nuevo periodo gubernamental iniciado en agosto del 2004.

El paso más concreto que se ha dado en la República Dominicana para dotarla definitivamente de un marco legal de inversión vino a través del Consejo Nacional de Cultura y dentro de los planes de gobierno del presidente Leonel Fernández al asumir un nuevo período presidencial en agosto de 2004.

El 17 de septiembre de 2004 bajo el decreto 4-01, creó la Dirección Nacional de Cine, único organismo regulador de todas las actividades cinematográficas que se desarrollen en la República Dominicana.

La creación de la Dirección Nacional de Cine (DINAC) generó una nueva dinámica reformadora que intenta democratizar aun más la función de la cultura. Al conformarse como un organismo rector de todas las iniciativas nacionales de desarrollo del cine y el video, con carácter permanente y autónomo, otorga en sí una garantía de crecimiento individual y colectivo a través del establecimiento de políticas y reglas claras para impulsar la industria del cine dominicano en el país.

FÉLIX MANUEL LORA

 

 


 
 
1. El cine Dominicano
2. Los primeros documentalistas nacionales
3. Las primeras intenciones del cortometraje
4. Cineastas de la diáspora
5. Desarrollo fílmico-industrial
en la República Dominicana 
6. Cine extranjero en R.D.
7. El cine-forum y cine-clubes
8. Empresarios del cine

     
 
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